Gobierno abierto, aire fresco para las democracias modernas.

A estas alturas del siglo XXI hablar de la revolución que ha significado Internet en todos los ámbitos de la vida resulta casi una tautología, una verdad de Perogrullo. De hecho, son tantas las situaciones de la vida cotidiana donde interviene Internet que ya lo damos por descontado. También, solemos sostener axiomáticamente que “todo está en Internet”, argumentando que podemos encontrar desde los resultados de los últimos partidos de la liga de fútbol de Ghana, hasta la cantidad de películas en las que ha salido de extra alguna actriz antes de saltar al estrellato.

Sin embargo, hay lugares donde ni Google llega. Conseguir la declaración jurada de un funcionario público o los pliegos de una licitación para asfaltar una calle pueden ser una verdadera aventura. Esta información reposa apaciblemente en algún folio de algún expediente en algún anaquel de una oficina gubernamental cualquiera, inaccesible para los buscadores online. De esta manera información sensible para la ciudadanía se oculta por inacción u omisión, dificultando la participación ciudadana y debilitando las bases de la democracia.

Una tendencia positiva.

La falta de acceso a la información pública genera desconfianza en los gobiernos, un indicador que ya de por sí es elevado en Latinoamérica. A pesar de ello, existe una tendencia positiva a una mayor apertura gubernamental, no solo en la disponibilidad de información, sino también en los procesos de gestión estatal.

“Esta tendencia, sumada al avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), están requiriendo un cambio necesario en el modo de gobernar por parte de las administraciones públicas como así también el desarrollo y fortalecimiento de determinadas competencias y habilidades de los decisores y agentes públicos, que permitan alcanzar nuevas formas de relacionamiento entre Estado, sociedad y mercado”, asevera Marques Bertinatti.

Es aquí donde sale a la arena política el concepto de gobierno abierto. Acuñado en la década de 1970, este término saltó a la fama mundial al introducirse en los principios rectores del Memorandum Transparency and Open Government de Barack Obama (2009). En este documento, el otrora presidente de EEUU comprometió a toda su administración a abrir el gobierno como nunca antes, en base a tres principios: transparencia, participación y colaboración.

Desafíos de la implementación.

La implementación del gobierno abierto se transforma entonces en un nuevo paradigma de relación ciudadana, y como un nuevo marco desde donde parte la gestión de políticas públicas. Esto trae beneficios y oportunidades para la región. Por un lado, eleva la calidad institucional de los gobiernos al mejorar la eficacia del aprovechamiento de recursos, explotando la inteligencia colectiva. A su vez, el gobierno abierto fomenta la innovación y nuevas actividades económicas que permitan sumar valor público, privado y social. De esta forma, se logra un fortalecimiento integral de la democracia.

El éxito del gobierno abierto se concentra en su implementación y en que exista un correlato entre las regulaciones o legislaciones sobre la materia y la realidad de la gestión pública. Otro punto fundamental para asegurar un impacto positivo y no sólo retórico del gobierno abierto es generar cambios en diferentes niveles, tanto cultural, como organizacional o de las formas de relación entre el Estado y sus ciudadanos. Además, no se podría concebir estos cambios sin un perfil de los agentes públicos vinculado a una vocación ciudadana, a una matriz de transparencia y rendición de cuentas, así como a una permanente visión estratégica sujeta a una co-creación participativa.

La ética del gobierno abierto.

La idea de gobierno abierto es de carácter política, pero también filosófica y ética. El concepto forma parte de la evolución de la democracia misma. Para el autor mexicano Oscar Diego Bautista, son necesarios dos pilares básicos para la apertura gubernamental: la cristalización de una cultura de transparencia y una ciudadanía madura. La transparencia exige que el principio rector de la acción sea la orientación al conocimiento de los fines del gobierno. Por otra parte, la ciudadanía puede considerarse madura cuando es participativa, ya que poseería según el autor, sentido de identidad cívica, es libre e informada.

En conclusión, el desafío del gobierno abierto no sólo reside en una verdadera implementación de la legislación competente, sino también de que se vayan generando a la par cambios culturales tendientes a una mayor compenetración de la ciudadanía en los procesos de gestión pública. A la vez, se torna menester una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de vocación de servicio por parte de la clase política. Sin estos compromisos, los pilares de transparencia, participación y colaboración pierden fuerza transformadora para las democracias contemporáneas al no mejorar la confianza ciudadana en el Estado ni permite un contacto más estrecho entre representantes y representados, ahondando la crisis de representación de los partidos políticos.

 

Bibliografía:

Bautista, O. D. (2007). La ética en la gestión pública. Universidad Complutense de Madrid.

Rodríguez Alba y G. Lariguet (comps.) (2018). Gobierno abierto y ética. Universidad Nacional de Córdoba.

Mustapic, A. M. (2002). Argentina: la crisis de representación y los partidos políticos. América Latina Hoy, 32.

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